UN ENGRANAJE PATRIARCAL

Claves para entender el Poder Judicial y las Políticas Públicas desde una perspectiva feminista por Lorena Rojas militante feminista y abogada.

Es el año 1994, la Convención Internacional de Belém do Pará reconoce, finalmente después de miles de mujeres asesinadas y años de desigualdad, la violencia de género como una problemática a erradicar. Impone, entonces, a los Estados la obligación del desarrollo de mecanismos protectores y defensivos de los derechos de las mujeres. El cómo y las herramientas debían ser analizados y puesto en funcionamiento por cada Nación.

Ahora, en el 2019 ¿qué soluciones da el Estado Argentino a las mujeres víctimas de violencia de género? Hagamos un recorrido y saquemos conclusiones.

Al ser una problemática estructural, el Estado puede ser un actor que reproduzca la violencia hacia las mujeres a través de los posicionamientos normativos y su puesta en práctica. Es ahí donde, la organización de las mujeres da batalla para revertir la cultura patriarcal y el pacto de silencio impuesto sobre nosotras.

Por otro lado la mediatización de hechos de violencia de género y su contrapartida punitivista llevada a cabo por las presiones del rating y los lugares comunes televisivos evitan, aunque no del todo, poner el foco en que para la resolución del conflicto únicamente en la esfera penal le saca responsabilidad de la prevención al Estado y legitima al poder punitivo. El mismo que no da respuesta a las mujeres, que no se pregunta cuál es su expectativa, que las somete a un proceso de revictimización por parte de la justicia y a la hostil teatralización del juicio mismo, desde el lenguaje hasta los tiempos del proceso que no responden a las necesidades inmediatas que el conflicto demanda.

En ese sentido, pensemos las denuncias como el primer paso en el camino que las mujeres víctimas de violencia de género transitan dentro del Poder Judicial, donde comienzan a verse las primeras dificultades de no incorporar una perspectiva de género. En primer lugar, muchas mujeres no tienen la contención necesaria para realizar la denuncia, ya que las dinámicas de la relación propias del círculo de violencia en el que se mantienen insertas, les hacen temer que la situación se agrave, ya sea por temor físico hacia ellas y/o sus hijes o por condicionantes económicos. La denuncia aparece como un problema.

Consideramos que poner el foco para la resolución del conflicto únicamente en la esfera penal le saca responsabilidad de la prevención al Estado y legitima al poder punitivo. El mismo que no da respuesta a las mujeres ni se pregunta cual es su expectativa y las somete a un proceso de revictimización por parte de los agentes judiciales y a la hostil teatrilización del juicio mismo, desde el lenguaje hasta los tiempos del proceso que no responden a las necesidades inmediatas que el conflicto demanda.

¿Por qué es importante que se formen con una perspectiva de género? Porque la violencia de género se caracteriza por ser un proceso de actos de coerción y violencia de poca intensidad o sutiles al comienzo, que van progresando en intensidad y que se intercalan con períodos de no violencia a lo largo del tiempo.

Es así que si se presentan trabas en la realización de la denuncia o en la contención a mujeres denunciantes, la primer etapa de la violencia se encuentra invisibilizada en el sistema judicial. Sumado a esto, la mayoría de las veces se le pide a la víctima que se comporte como si no lo hubiera sido, cuestionado desde el tiempo en que demoró para hacer la denuncia hasta su vida privada en el rol de víctima sumisa y adecuada, como lo fue el caso de Thelma Fardin o Lucía Pérez. El poder Judicial desconoce que el proceso penal no es un objetivo en sí mismo y que la mujer lo usa como un medio y vía más adecuada para conseguir cambiar su situación.

El Poder Judicial es una institución que, plagada de prejuicios sexistas, no se encuentra a la altura de las demandas de nuestra sociedad. La falta de respuesta dió origen al Ni una menos, un grito que nos encontró en las calles unidas, reclamando un cambio de era. Esa primera convocatoria, masiva, que puso e impuso el debate sobre la violencia de género patriarcal fue el puntapié para poder hablar de estos temas que muchos negaban o desconocían. Produjo una marea que se tiño de verde el año pasado en el debate en el Congreso de la Nación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fueron hitos que ayudaron a construir las consignas que hoy vemos en todas las manifestaciones feministas. Desde la lucha por los derechos como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, contra la muerte en la clandestinidad de una clínica y la emancipación de nuestros cuerpos, Hasta el reclamo frente a las políticas de ajuste, donde se cierran programas esenciales para la atención de las víctimas de violencia de género, como también el incumplimiento de leyes vigentes como la Educación Sexual Integral para las generaciones futuras.

De esta forma si los organismos del Estado no tienen una mirada transversal más profunda respecto a los géneros, difícil será que analicen variables que permitan prevenir, y no castigar. Fundamentalmente, porque el origen de la violencia está enraizado en construcciones culturales que se producen y reproducen en la sociedad a través de los diferentes medios de comunicación masiva, siendo el Estado uno de ellos.

Esta cultura patriarcal es la que nos ubica como objetos de consumo, y aquellos que adhieran a esta mirada entienden que nuestro lugar es sumiso, en un rol estanco tradicional, y que querer terminar con eso es motivo suficiente para generar una respuesta violenta. Si el patriarcado no quiere que tengamos libre circulación, entonces tendremos miedo a encontremos con una violencia física o sexual por volver a nuestra casa solas a la noche. Si el patriarcado no quiere que estudiemos siendo madres para dedicarnos a los cuidados del hogar, entonces no habrán jardines maternales en las instituciones educativas. Ya se ha hecho un juicio moral sobre el lugar que ocupamos en la sociedad, lo que hay que hacer es apelar. Y la responsabilidad que tiene el Estado desde su Constitución Nacional es diseñar políticas públicas que tengan una perspectiva de género para allanar el camino y acercarnos a la construcción de una sociedad más igualitaria.

En pleno 2019, aunque nos siga resultando increíble, tenemos que seguir argumentando las razones por las cuales hay un agotamiento de la sociedad patriarcal, que tiene un discurso inválido y carente de razonabilidad por prejuicioso. Hay una demanda social que nos ocupa como mujeres que vienen a romper un orden conservador y opresivo, impulsando la acción positiva a un Estado que nos ignora, desde el aborto legal hasta la reeducación estructural de las nuevas generaciones.

No hay un príncipe valiente. Hay política, que es más lindo, más heroico y más verdadero, dice Rita Segato, y un grupo de mujeres organizadas dispuestas a rebelarse.